Pudo más el coraje y la impotencia que su esperanza. El 3 de diciembre de 1998, la familia de Ariel fue en busca de la justicia terrenal. Asesorados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) –el equivalente al DIF mexicano— levantó la denuncia penal contra el cura.
“Yo no busco dinero, busco justicia. Que otro niño y otra familia no sufran lo que mi hijo y yo hemos sufrido”, declaró Flory Salazar.
La orden de aprehensión se liberó el mismo día y, desde aquella fecha, la familia de Ariel pudo haber tenido justicia terrenal si los clérigos de la Iglesia Católica de cuatro países, incluido México, no hubieran protegido al sacerdote.
Gracias al encubrimiento del alto clero, Enrique Vásquez es prófugo de Interpol. Actualmente hay cuatro denuncias formales en su contra por abuso sexual que, según indagatorias de Casa Alianza, podrían ascender a 10.
