Las leyes antipiratería propuestas por las dos cámaras del Congreso estadounidense han sido retiradas indefinidamente. Es una de las primeras consecuencias de las protestas llevadas a cabo esta semana en miles de webs de Estados Unidos.
El Senador demócrata Harry Reid ha anunciado este viernes que cancela la votación de la ley Protect Intellectual Property Act, conocida como PIPA, programada para el martes 24 de febrero. El principal promotor del otro proyecto de ley que centra este debate, la Stop Online Piracy Act, (SOPA, por sus siglas en inglés) ha reconocido igualmente que “deben esperar hasta que haya mayor consenso”.
El pasado 18 de enero estas dos leyes habían sido rechazadas por 31 legisladores. Dos días más tarde, 122 políticos se han opuesto a la legislación, según el recuento que mantiene el medio norteamericanoProPublica.
“Está claro que debemos revisar nuestra perspectiva para solucionar de la mejor manera posible el problema de los ladrones extranjeros que roban y venden inventos y productos americanos”, ha afirmado en un comunicado el congresista republicano Lamar Smith, autor de la ley SOPA y miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que estudiaba el texto.
A pesar de cancelar la votación de una ley que él mismo defiende, el demócrata Reid afirmó que se muestra optimista. “Hemos hecho grandes avances en las negociaciones de los últimos días y creo que podremos alcanzar un acuerdo en las próximas semanas. La ley está retirada, pero la negociación continuará entre las dos partes afectadas: la industria cinematográfica y la comunidad tecnológica de Estados Unidos.
Las leyes SOPA y PIPA fueron presentadas en la Cámara de Representantes y el Senado respectivamente el pasado otoño y tienen como objetivo proteger la propiedad intelectual. Según la Cámara de Comercio de EE UU, uno de los grandes grupos a favor de la legislación, la piratería cuesta a las empresas norteamericanas más de 130.000 millones de dólares al año, afectando especialmente a la industria del cine, de la que dependen más de dos millones de puestos de trabajo.
Los detractores de las leyes, por su parte, alegan que los métodos propuestos en los textos legislativos para terminar con la piratería en Internet suponen una intervención demasiado amplia por parte del gobierno en los derechos de los ciudadanos, podrían crear problemas de seguridad, llevarían a censurar contenidos digitales y dificultarían la innovación en industrias que tradicionalmente se han beneficiado de la libertad online. Para manifestar su retraso, miles de páginas de internet lideradas por grandes marcas como Google, Wikipedia, Wordpress o Mozilla, protagonizaron un ‘apagón’ -tiñendo su portada de color negro o impidiendo el acceso a su contenido-, durante el pasado miércoles.
La polémica creada por estas leyes y una protesta sin precedentes en EE UU también fueron centro de atención en el debate que mantuvieron este jueves los candidatos a representar al Partido Republicano en las elecciones presidenciales. El exgobernador de Massachussetts Mitt Romney -y favorito para enfrentarse a Obama-, el exportavoz de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, el exsenador Rick Santorum y el representante de Tejas Ron Paul -los cuatro únicos aspirantes- manifestaron su rechazo a la legislación.
“Tal y como ha sido redactada, la ley es demasiado intrusiva, demasiado cara y una amenaza demasiado grande para la libertad de expresión y la distribución de información a través de Internet”, afirmó Romney. “Tendrían un efecto potencialmente negativo en una de las industrias con mayor crecimiento en América”.
El candidato Ron Paul añadió que el Partido Republicano está “en el lado equivocado” de la polémica y alegó que su disposición a crear una coalición entre los dos partidos para solucionar el problema es una de las razones que le convierten en un buen candidato a la Casa Blanca.
Más allá de la reflexión sobre cómo luchar contra la piratería y proteger los derechos de los autores, los políticos norteamericanos también determinan su postura con respecto a las leyes en función del modelo de gobierno que quieren para el país. Así, miembros de la extrema derecha, en contra de la intervención federal, rechazan las leyes SOPA y PIPA. Se sitúan así de lado de las empresas de tecnología, aunque con argumentos diferentes.
